Cómo el gobierno peruano entrega nuestros recursos a corporaciones mientras México protege su soberanía alimentaria.
Un ministerio capturado por el agronegocio
Mientras México da un ejemplo histórico al prohibir el maíz transgénico para proteger su soberanía alimentaria, el Perú avanza en dirección contraria. El gobierno actual, a través del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), insiste en promover políticas que benefician a un puñado de grandes corporaciones a costa de nuestros recursos naturales, nuestra biodiversidad y nuestra seguridad alimentaria. Este no es un simple debate técnico: es una cuestión de supervivencia nacional.
El Midagri, bajo el liderazgo de Ángel Manero, ha convertido la política agraria peruana en un catálogo de favores para agroexportadoras. Mientras el país enfrenta una crisis hídrica histórica y depende de importaciones para alimentarse, el gobierno insiste en:
1. Flexibilizar la moratoria a transgénicos (pese a riesgos comprobados).
2. Entregar agua subsidiada a grandes empresas (mientras 600,000 agricultores carecen de acceso).
3. Ignorar conflictos de interés, como el pasado del ministro en lobbies agroindustriales.
Eduardo Zegarra, reconocido economista agrario e investigador de GRADE, no se equivoca al denunciar que el ministro Ángel Manero actúa como "lobbyista" de los transgénicos y de un modelo extractivista que beneficia a un puñado de empresas.
Documentamos aquí las pruebas irrefutables de este modelo corrupto:
1. Transgénicos: Un experimento peligroso para un país megadiverso
En enero de 2024, el Midagri intentó modificar mediante un reglamento la moratoria a los transgénicos (Ley 29811), que está vigente hasta 2035. Este movimiento, claramente impulsado por los lobbies agroindustriales, ignora por completo las advertencias científicas y las lecciones de otros países. México, por ejemplo, prohibió en 2023 el maíz transgénico después de que estudios de la UNAM demostraran la contaminación genética irreversible de sus variedades nativas.
El Perú, como centro de origen de cultivos fundamentales como la papa y el maíz, no puede darse el lujo de experimentar con transgénicos. Contamos con más de 3,000 variedades de papa y 55 razas de maíz nativo, un patrimonio genético que sería imposible recuperar una vez contaminado. Sin embargo, el gobierno parece más interesado en complacer a empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta que en proteger nuestros recursos.
Además:
* El 85% de los cultivos transgénicos globales (soya, maíz, algodón) son commodities para exportación o forraje, no alimentos (ISAAA, 2023).
* En Argentina, el modelo transgénico aumentó el uso de agroquímicos en un 150% sin mejorar la nutrición local (Reuters, 2018).
· Alternativa real: La agroecología puede aumentar rendimientos hasta un 79% en pequeños agricultores (FAO, 2023), pero el Midagri la ignora.
El lobby detrás de la moratoria
En junio 2024, el Midagri intentó debilitar la Ley 29811 (moratoria a transgénicos hasta 2035) mediante un reglamento que permitía "investigación con fines comerciales", una puerta abierta para empresas como Bayer-Monsanto y Syngenta (La República, 2024).
La Sociedad Nacional de Agroexportadores (SNA), cuyo presidente Juan Carlos Paredes ha donado a campañas de partidos en el poder, impulsa esta agenda (Ojo Público, 2023).
2. Agua para exportar, no para alimentar
La costa peruana sufre estrés hídrico severo (World Resources Institute, 2025), pero el Midagri prioriza cultivos de alto consumo (como paltos) en lugar de adaptar la agricultura al desierto.
La situación del agua es igualmente alarmante. En Ica, las agroexportadoras extraen hasta 500% más agua de lo permitido, pagando tarifas irrisorias (S/0.05 por m³) mientras los pequeños agricultores pagan hasta diez veces más. El resultado es un acuífero con 40% de déficit y comunidades enteras que ven secarse sus pozos.
Mientras tanto, el gobierno destina miles de millones a megaproyectos como Chavimochic III, que beneficiarán principalmente a 17 grandes empresas, en lugar de invertir en sistemas de riego tecnificado para la agricultura familiar. Esta es la cruda realidad del "milagro agroexportador" peruano: un modelo que prioriza las ganancias de unos pocos sobre el derecho al agua y a la alimentación de la mayoría. El 60% de pequeños productores no tiene acceso seguro al agua (ENCO, 2023).
3. Conflictos de interés en el corazón del Estado
El caso del ministro Ángel Manero es emblemático. Antes de asumir el cargo, fue gerente de una junta de usuarios de agua controlada por las mismas agroexportadoras como Danper, que ahora se benefician de sus decisiones. No es casualidad que, bajo su gestión, se hayan aprobado exoneraciones fiscales millonarias para estas empresas mientras se recortaban los presupuestos para la agricultura familiar.
Conclusión: ¿Hacia dónde va el Perú agrario?
Las políticas del Midagri no son neutrales: favorecen a un oligopolio que exporta comida a Europa mientras comunidades rurales enfrentan hambre y sequía. Urge:
1. Fortalecer la moratoria a transgénicos y priorizar semillas nativas.
2. Auditar los subsidios hídricos a agroexportadoras y aplicar tarifas reales.
3. Investigar los vínculos entre el ministro Manero y los lobbies agroindustriales.
Un camino alternativo es posible
Países como México y Colombia nos muestran que existen alternativas. México protege su maíz nativo mientras mantiene su capacidad productiva. Colombia ha aumentado su producción agrícola en 40% mediante la agroecología, según datos de la FAO. El Perú podría hacer lo mismo, invirtiendo en nuestros pequeños agricultores, que producen el 70% de los alimentos que consumimos, en lugar de subsidiar a las agroexportadoras.
Nuestros recursos naturales no son mercancías. Nuestra biodiversidad no es negociable. El futuro alimentario del Perú debe decidirse en función del interés nacional, no de las ganancias de unas cuantas corporaciones. Es hora de decir basta.