Expertos alertan que los intentos por derogar la moratoria a los transgénicos no responden al interés nacional, sino al lobby de grandes corporaciones. La biodiversidad, la salud pública y los saberes ancestrales están en juego.
Desde el Congreso, cada cierto tiempo, se reaviva el impulso por permitir el ingreso de semillas transgénicas al país, pese a las advertencias sobre sus efectos ambientales, sanitarios y culturales. Especialistas como la ingeniera ambiental con especialización en gestión de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, Giuliana Larrea y el consultor en desarrollo rural, Ayar Escobar advierten que detrás de estos intentos no hay un debate técnico, sino intereses económicos que privilegian las ganancias empresariales sobre el bien común.
No se han demostrado beneficios claros para la agricultura nacional, pero sí se han documentado numerosos riesgos para nuestra agrobiodiversidad, salud y autonomía campesina. “La ciencia no es neutra cuando se pone al servicio de intereses económicos y no del bienestar colectivo y donde la bioética es ausente”, advierte Larrea.
Al igual que ella, numerosos especialistas han defendido la moratoria vigente, reconociendo su aporte en la protección de uno de los patrimonios más valiosos del país: su agrobiodiversidad. No obstante, esta protección se encuentra hoy bajo seria amenaza. De forma cíclica, y sin una evaluación técnica rigurosa, se insiste en abrir las puertas a los organismos genéticamente modificados (OGM), ignorando tanto los riesgos comprobados como las debilidades estructurales del Estado para supervisar eficazmente las investigaciones biotecnológicas y el comercio de estos productos.
Para salvaguardar la diversidad genética de nuestros alimentos, el Perú debería cerrar las brechas en bioseguridad y establecer espacios de gobernanza inclusivos, con participación de actores sin conflictos de interés ni antecedentes de corrupción.
Giuliana Larrea. Ingeniera Ambiental con 11 años de experiencia en desarrollo rural, gestión territorial, cambio climático, agroecología y conservación de áreas naturales.
Un modelo impuesto y sus consecuencias
Escobar sitúa este escenario en un contexto histórico más amplio: la llamada Revolución Verde, impulsada desde los años 50 como respuesta a la inseguridad alimentaria global. Este modelo promovió el uso masivo de semillas híbridas, pesticidas y fertilizantes sintéticos. Si bien incrementó la productividad en algunas regiones, también trajo consecuencias negativas: pérdida de fertilidad del suelo, desequilibrio ecológico y una creciente dependencia de insumos controlados por grandes corporaciones. En el Perú, esa dependencia aún persiste.
“Los agricultores mayores recuerdan que antes no se usaban pesticidas. Ahora, aunque se produce más, no se ha erradicado el hambre, y el suelo ha perdido su capacidad natural de regeneración”, señala Escobar. Peor aún, el uso extendido de pesticidas sistémicos ha creado plagas más resistentes, perpetuando un ciclo que solo beneficia a las grandes transnacionales del agroquímico.
Transgénicos: más preguntas que respuestas
Aunque sus defensores prometen mayor productividad y resistencia a plagas, tanto Larrea como Escobar coinciden en que estas promesas no compensan los impactos negativos ya observados en otros países. Se trata de consecuencias irreversibles que pueden comprometer la sostenibilidad del sistema alimentario.
Uno de los riesgos más serios es la contaminación genética. En un país megadiverso como el Perú, el cruce entre cultivos transgénicos y variedades nativas puede provocar la pérdida irrecuperable de especies. Basta recordar que el país alberga más de 3,000 variedades de papa, 3000 de quinua, 52 de maíz y decenas de ajíes originarios, cuya conservación es crucial no solo para el Perú, sino para la seguridad alimentaria global.
Otro aspecto crítico es el control corporativo. Las semillas transgénicas están patentadas por empresas como Bayer-Monsanto, Syngenta o Dupont. Esto impone barreras económicas a los agricultores, desplaza el conocimiento ancestral y genera una dependencia peligrosa hacia actores privados y extranjeros. Lejos de ser una solución, las patentes agravan la inseguridad alimentaria.
Ayar Gustavo Escobar. Maestro en Antropología (PUCP), Ing. Agrónomo (UNA Puno), con estudios en Zootecnia (UNALM), Extensión Agropecuaria (UNL Argentina) y Diplomado en Gobernabilidad (PUCP).
¿Es posible otra agricultura?
Sí, pero requiere decisión política. Escobar enfatiza que la transición hacia un modelo más saludable y sostenible debe darse de manera progresiva, mediante políticas públicas que promuevan la agroecología, el control biológico de plagas y el fortalecimiento de la agricultura familiar, que hoy produce el 85% de los alimentos que consume el país.
Para Larrea, es igualmente urgente un cambio profundo en el enfoque educativo: formar consumidores críticos, revalorar los saberes ancestrales y dejar de presentar en las universidades a los agrotóxicos y transgénicos como la única vía hacia el desarrollo agrícola. “Menos aún en un contexto de cambio climático, cuando el Perú cuenta con ventajas comparativas gracias a las experiencias milenarias de domesticación desarrolladas por nuestros pueblos originarios”, añade.
Ambos coinciden en que la agroexportación no puede seguir siendo el único eje de la política agraria. “Incluso desde una lógica comercial, cuidar nuestra imagen como país libre de transgénicos es estratégico”, afirma Escobar. Casos como el rechazo europeo a lotes de quinua contaminados con pesticidas evidencian que descuidar este aspecto puede afectar directamente nuestras exportaciones.
¿Hay esperanza?
Algunas señales de cambio comienzan a emerger. Una de ellas es el cambio de nombre de la Dirección de Desarrollo Agrícola a Dirección de Desarrollo Agrícola y Agroecología (DDAA), realizado mediante el Decreto Supremo N° 008-2021-MIDAGRI, publicado el 24 de julio de 2021. Esta modificación al Reglamento de Organización y Funciones del MIDAGRI incorpora el enfoque agroecológico en las políticas públicas del sector, como parte de un viraje hacia una agricultura más sostenible, resiliente y acorde con los retos actuales.
Este avance fue impulsado por organizaciones campesinas, colectivos ciudadanos y profesionales comprometidos con un modelo de desarrollo rural justo, inclusivo y sostenible. Aunque representa un paso importante, los expertos coinciden en que todavía falta decisión política y financiamiento adecuado para consolidar una verdadera transición agroecológica, en la que las comunidades indígenas, la agricultura familiar y los conocimientos ancestrales lideren el rumbo de la soberanía alimentaria del país.