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Un estudio halló 436 focos territoriales donde la mayor exposición ambiental a mezclas de plaguicidas coincide con más casos de cáncer de los esperados. El problema alcanza los alimentos, el agua y la biodiversidad, mientras detrás de varias de estas moléculas aparecen gigantes como Monsanto, Bayer, Dow y DuPont.
Lo que se rocía sobre un cultivo no siempre se queda en la chacra. La lluvia puede arrastrarlo hacia quebradas y ríos; el suelo puede retenerlo durante meses; y una aplicación sin control puede dejar residuos en las frutas y verduras que llegan al mercado. Los plaguicidas ayudan a combatir plagas, pero no son sustancias inocuas: cuando se usan mal, se mezclan sin vigilancia o se aplican de manera repetida, pueden convertirse en una amenaza para quienes trabajan la tierra, para quienes consumen los alimentos y para los animales que comparten el mismo ambiente.
La Organización Mundial de la Salud advierte que los plaguicidas de alta peligrosidad pueden causar efectos tóxicos agudos o crónicos. La exposición no ocurre únicamente durante una fumigación: también puede producirse por alimentos con residuos o por agua contaminada. El riesgo depende de la sustancia, la cantidad y el tiempo de exposición, pero aumenta cuando faltan controles, equipos de protección, capacitación y respuesta sanitaria.
Un mapa que enciende 436 alarmas
En abril de 2026, un equipo de científicos peruanos y franceses publicó en la revista Nature Health el estudio más amplio realizado hasta ahora sobre la posible relación territorial entre plaguicidas y cáncer en el Perú. Los investigadores reconstruyeron cómo podían desplazarse por el ambiente 31 de los ingredientes activos más usados en la agricultura y compararon ese mapa con 158.072 diagnósticos de cáncer atendidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas entre 2007 y 2020.
El resultado fue inquietante: identificaron 436 focos donde el mayor riesgo ambiental estimado por mezclas de plaguicidas coincidía con una incidencia de cáncer superior a la esperada. Las zonas más extensas se relacionaron con tumores del aparato digestivo, pulmón y piel; luego aparecieron cánceres de órganos genitales femeninos y de riñón. Los focos atravesaron áreas agrícolas de la costa, los Andes y la Amazonía central.
El modelo también estimó que, bajo determinadas condiciones, la contaminación podía desplazarse entre 30 y 50 kilómetros fuera de las áreas cultivadas. Esto ayuda a comprender por qué el problema no afecta solo al agricultor que manipula el producto: también puede alcanzar a familias que viven cerca de los campos, a comunidades ubicadas aguas abajo y a ecosistemas que nunca recibieron una aplicación directa.
El estudio no demuestra que cada uno de esos cánceres haya sido causado por un plaguicida. Sí muestra una asociación territorial sólida que no puede ser ignorada. Además, al analizar tejido hepático de pacientes de zonas de riesgo, los científicos hallaron una señal molecular compatible con la acción temprana de sustancias cancerígenas que alteran el funcionamiento de las células. Es una pista biológica importante, aunque todavía se necesitan estudios que midan la exposición de cada persona durante varios años.
El negocio global detrás de las moléculas
Los nombres que aparecen en los informes —glifosato, clorpirifos, metomil o imidacloprid— pueden sonar lejanos, pero tienen una historia empresarial concreta. Varias de estas sustancias fueron desarrolladas o convertidas en productos de alcance mundial por grandes corporaciones agroquímicas de Estados Unidos y Europa.
Monsanto, empresa estadounidense, registró el glifosato en Estados Unidos en 1974 y lo hizo conocido mediante la marca Roundup. Dow lanzó el insecticida Lorsban, a base de clorpirifos, en 1972, y DuPont introdujo Lannate, a base de metomil, en 1968. Las divisiones agrícolas de Dow y DuPont forman hoy parte del legado empresarial de Corteva. Bayer, por su parte, es una transnacional alemana —no norteamericana— que compró Monsanto en 2018 y pasó a ser propietaria de su negocio de glifosato y Roundup. La compañía también ha comercializado productos con imidacloprid.
El glifosato, la molécula más emblemática de ese negocio, fue clasificado en 2015 por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer como “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Esa categoría señala que existe un peligro potencial; no significa que toda exposición produzca cáncer ni demuestra por sí sola la causa de un caso individual. Otras agencias reguladoras han llegado a conclusiones diferentes, una controversia que vuelve todavía más necesarios los datos públicos y la vigilancia independiente.
Por eso, la formulación precisa no es hablar de “transnacionales norteamericanas, entre ellas Bayer”, sino de transnacionales estadounidenses y europeas, entre ellas Bayer. También es necesario distinguir el origen de una molécula del mercado actual: vencidas las patentes, numerosos fabricantes venden formulaciones genéricas. No todos los productos que circulan en el Perú provienen directamente de las empresas que los crearon, pero esas corporaciones tuvieron un papel decisivo en la expansión mundial del modelo químico del que hoy forman parte.
La discusión no puede recaer solo sobre el pequeño agricultor. Empresas productoras, importadoras y comercializadoras, así como el Estado que autoriza y fiscaliza, deben responder por los riesgos. La rentabilidad privada no puede trasladar a las comunidades el costo de la contaminación, la enfermedad o la pérdida de biodiversidad.
La exposición no termina en el cuerpo humano
Los plaguicidas están diseñados para matar o controlar organismos vivos. Cuando salen del lugar y de la dosis previstos, también pueden afectar especies que no eran su objetivo. El agua contaminada puede dañar peces y otros organismos acuáticos; los insecticidas pueden alcanzar abejas y otros polinizadores; y las aves pueden intoxicarse al consumir semillas, insectos o agua expuestos.
El propio Tribunal Constitucional recordó que el clorpirifos es un neurotóxico y que resulta altamente tóxico para abejas y aves. También señaló que la insuficiente acción del Estado no solo amenaza la vida, la salud y la alimentación de las personas, sino la diversidad biológica y la protección de la naturaleza. En otras palabras, la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas forman parte del mismo problema.
Cuando el veneno llega al mercado
La alarma científica apareció casi al mismo tiempo que una decisión histórica del Tribunal Constitucional. En la sentencia 1111/2026, el tribunal concluyó que los controles del Estado eran estructuralmente insuficientes y declaró un “estado de cosas inconstitucional” en la vigilancia de los alimentos vegetales destinados al consumo interno.
La decisión no se apoyó en una posibilidad abstracta. Los monitoreos revisados por el tribunal encontraron alimentos con residuos por encima de los límites permitidos y, en algunos casos, sustancias que ya estaban prohibidas. El clorpirifos, por ejemplo, continuó apareciendo en productos de consumo masivo incluso después de su prohibición para uso agrícola en el país.
Por ello, el tribunal ordenó al Senasa suspender temporalmente la venta, distribución y uso de productos con clorpirifos, metomil, glifosato, imidacloprid y clothianidin cuando se destinen a producir alimentos vegetales para el mercado nacional. La suspensión debe mantenerse mientras se realiza una reevaluación científica y se implementan mecanismos suficientes de control, trazabilidad y respuesta sanitaria.
El fallo dio 90 días hábiles para reevaluar las cinco sustancias y 180 días para que Senasa, los sectores Agricultura y Salud, la PCM y los gobiernos locales pusieran en marcha un plan conjunto. El plan debe reforzar laboratorios y fiscalización, rastrear alimentos contaminados, retirar productos peligrosos, emitir alertas públicas y brindar asistencia técnica a los agricultores.
Prevenir sin abandonar al agricultor
Proteger la salud no significa dejar al agricultor sin herramientas de un día para otro. Una transición justa requiere capacitación, manejo integrado de plagas, investigación agraria, alternativas menos riesgosas y apoyo económico. Sancionar al último eslabón mientras importadores, comercializadores y autoridades continúan operando sin controles suficientes solo perpetuaría el problema.
Tampoco se trata de afirmar que todo diagnóstico de cáncer en una zona agrícola tenga una única causa. Se trata de reconocer que ya existen señales convergentes: un mapa nacional de exposición, 436 focos asociados con más cáncer del esperado, huellas biológicas en tejido humano, residuos indebidos en alimentos y una sentencia que confirma la debilidad del sistema de vigilancia.
Ante esas señales, esperar una certeza absoluta sería convertir a la población y a la naturaleza en un experimento. El Perú necesita saber qué sustancias se venden, dónde se aplican, qué residuos llegan a los mercados y qué efectos producen con el paso de los años. Prevenir no es sembrar miedo: es impedir que el costo de un negocio multimillonario termine pagándose con la salud de las personas, los animales y los territorios.
Fuentes y antecedentes
· Tribunal Constitucional del Perú: Sentencia 1111/2026, expediente 03269-2023-PA/TC
· Organización Mundial de la Salud: “Pesticide residues in food”
· Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer: monografía sobre glifosato
· Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos: ficha histórica del glifosato
· Bayer: cierre de la adquisición de Monsanto, 7 de junio de 2018