Belén do Pará, Brasil. — Antes que cifras o discursos políticamente correctos, están los cuerpos, los bosques, los ríos y las vidas que se extinguen a fuego lento. En la víspera de la COP30, representantes indígenas del Perú han decidido llevar ante las Naciones Unidas lo que aquí, en casa, pareciera no encontrar descenso político: un mandato por la protección de la Amazonía, de sus territorios ancestrales y de quienes los defienden.
Este llamado no es retórica ecologista ni activismo académico. Es la voz de quienes han visto asesinatos, amenazas de muerte, despojo territorial y un retroceso sistemático del marco ambiental. El apu Shipibo-Konibo Miguel Guimaraes, histórico defensor del bosque de Yarinacocha, ha sufrido pintas intimidatorias en su propia casa con mensajes de muerte simplemente por proteger sus bosques.
¿Por qué están aquí? La respuesta está en tierra
🔹 En la Amazonía peruana, más de 600 líderes indígenas fueron asesinados desde 2014 por oponerse al narcotráfico, la minería ilegal, monocultivos y megaproyectos extractivos.
🔹 La deforestación oficial supera las 600,000 hectáreas solo en áreas recientes —y en 22 años bordeó casi 3 millones de hectáreas. Eso equivale a un territorio 11 veces mayor que Lima Metropolitana.
🔹 Reportes recientes identifican más de 120 pistas clandestinas utilizadas por redes del narcotráfico que operan en seis regiones de la Amazonía, incluyendo Loreto y Ucayali.
🔹 La deforestación vinculada solo a minería ilegal en Madre de Dios supera las 139,000 hectáreas.
No son conflictos aislados: son crisis sistémicas.
Un retroceso legislativo disfrazado de “mejoras”
Mientras representantes indígenas llegan a la COP30, el propio Estado peruano ha promovido cambios legales que debilitan la protección ambiental:
✔ Eliminación de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos en el Congreso, reduciendo espacios de diálogo político con los pueblos.
✔ Modificaciones a la Ley Forestal y a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) que, según organizaciones indígenas y expertos, erosionan las garantías ambientales.
✔ Posibles ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), señalado por defensores como incentivo involuntario de minería ilegal.
Estas decisiones ocurren mientras los bosques arden, las comunidades son criminalizadas, y las consultas previas rara vez se cumplen de forma real y vinculante.
¿Qué piden al mundo?
Las organizaciones indígenas no solo demandan atención. Están solicitando que:
📌 La ONU reconozca que el Estado peruano está debilitando los marcos de protección ambiental y territorial.
📌 Se cumplan estándares internacionales de derechos humanos y consentimiento libre, previo e informado antes de aprobar cualquier actividad extractiva.
📌 Se incluya urgentemente la crisis del despojo territorial, la deforestación y la violencia estructural contra sus líderes en la agenda climática global.
Una voz indígena que honra la vida
“La defensa de nuestro bosque no es solo una lucha regional. Es la defensa de la humanidad”, dice Olivia Bisa Tirko, lideresa del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra. Y tiene razón: cuando desaparece una cultura, cuando un río se contamina y cuando un bosque se convierte en tierra muerta, perdemos todos.
Desde abajo no hay horizonte sin justicia
Si en Perú cada ley, cada modificación normativa y cada gesto político sigue favoreciendo a economías extractivas —legales o ilegales— mientras se criminaliza y asesina a quienes defienden la tierra, entonces las cumbres internacionales serán solo actos simbólicos. La protección de los territorios indígenas no es un “agregado” de una agenda climática; es su corazón.
Si la Amazonía se muere, guarden silencio: porque lo que se pierde no es solo un bosque, sino la casa común de toda la humanidad.