Para un niño que vive en un internado amazónico, la comida del Estado puede ser su desayuno, almuerzo y cena. Un estudio reportó glifosato en tres de cuatro muestras de Qali Warma recogidas en la provincia de Condorcanqui. Se hizo sin financiamiento y analizó un solo plaguicida. La pregunta que deja es urgente: ¿quién investigará lo que todavía no sabemos sobre esos alimentos?
Los docentes querían saber qué estaban comiendo sus alumnos. En una comunidad awajún de Condorcanqui, en la Amazonía peruana, solicitaron a Susana Ramírez Hita que llevara a analizar los alimentos que llegaban a las escuelas. En ese entonces, ella estaba realizando una investigación sobre seguridad alimentaria en la zona. La respuesta tardó en abrirse camino, pero llegó: se analizaron las muestras y se reportaron residuos de glifosato en leche evaporada, conserva de pavo y galletas integrales distribuidas por el programa de alimentación escolar Qali Warma.
«Ellos pidieron que me llevara las muestras para analizar», recuerda Susana, doctora en Antropología Social y Cultural, especializada en antropología médica. En entrevista con Pressenza, explica por qué aquella solicitud no podía quedarse sin respuesta. Describe que muchos niños awajún, ingresan a internados para estudiar la escuela secundaria, donde los estudiantes desayunan, almuerzan y cenan con los alimentos del programa, incluso los fines de semana. Buena parte de su alimentación depende de lo que el Estado pone en sus platos durante los cinco años que dura el internado. El efecto acumulativo diario del pesticida es lo más preocupante. Comenta que no debería haber ningún residuo de pesticidas en los alimentos. «Sabemos que la agricultura regenerativa es hoy una alternativa viable para producir alimentos sanos».
Fue entonces cuando, con las muestras ya recogidas, la investigadora consultó a su colega Claudio Martínez Debat, doctor en Biología Celular y Molecular de la Universidad de la República de Uruguay y perteneciente a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL), sobre la posibilidad de analizarlas, y él aceptó gratamente.
Claudio vio ahí la oportunidad de analizar también muestras del programa de alimentos de Maldonado, en Uruguay. Esa fue la base del trabajo colaborativo que dio lugar al artículo sobre los programas de alimentos en ambos países, publicado en 2026 en Salud Colectiva, revista de la Universidad Nacional de Lanús, Argentina. Detrás hubo colaboración ad honorem y la decisión de investigar aun sin financiamiento.
Las cuatro muestras peruanas de Qali Warma se recogieron en 2023 en escuelas de Chingamar y Achoaga. El estudio reporta residuos de glifosato en tres muestras; el arroz quedó por debajo del rango cuantificable del ensayo. También se examinó maíz de una bodega destinado a alimentar aves, con presencia del herbicida, aunque ese producto no pertenecía al programa escolar.
En Uruguay, se detectó glifosato en ocho de doce muestras de la Canasta de Emergencia Alimentaria de Maldonado. Los análisis se realizaron en el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria de la Universidad de la República, mediante el método ELISA y por duplicado. Esta nota utiliza la versión corregida del artículo, publicada el 9 de septiembre de 2026.
También aclaran que el estudio es exploratorio: sus resultados corresponden a las muestras analizadas y no pueden extenderse a todos los alimentos de los programas. Tampoco evaluó enfermedades ni demostró daños en los escolares. Su aporte es una señal concreta para ampliar las investigaciones y conocer la exposición de quienes consumen estos productos de manera habitual.
«Cuidado, nosotros solo hemos analizado un pesticida, solo el glifosato», subraya Ramírez Hita. Allí está una de las preguntas centrales: ¿qué ocurre con los demás residuos que este trabajo no buscó? La investigación no permite afirmar que estén presentes. Precisamente por eso, la respuesta requiere nuevos análisis, más muestras y recursos.
La discusión que la investigadora propone abrir va más allá de señalar marcas. Reclama que alguna institución recoja el hallazgo, lo contraste y amplíe el estudio. El objetivo de esa vigilancia debe ser conocer la calidad de los alimentos que reciben quienes dependen de la asistencia pública y actuar sobre evidencia verificable.
«Si van destinados a población vulnerable, por favor, analicen que realmente sean productos inocuos. Que no dañen», pide. Su preocupación abarca a los niños, las mujeres gestantes y los adultos mayores que reciben ayuda alimentaria. Para ella, el antecedente justifica investigar otros plaguicidas y extender la vigilancia a programas como Vaso de Leche.
En la entrevista, Ramírez Hita también relata haber visto productos similares entre los alimentos recibidos por personas usuarias de Pensión 65 en una comunidad. Es una observación que abre otra línea de verificación: Pensión 65 entrega una subvención económica, por lo que habría que identificar qué entidad distribuyó esos alimentos. Se debe tener en cuenta que ni ese caso ni Vaso de Leche formaron parte del muestreo del estudio.
La publicación tuvo, según la investigadora, una recepción muy distinta en cada país. En Uruguay, cuenta, hubo programas en radio y televisión y el trabajo alcanzó difusión pública. En Perú, lamenta, no encontró una repercusión comparable. «Aquí nadie ha dicho ni mu, allí fue todo lo contrario», resume. Medios uruguayos como Ecos del Hum y The Intelligent publicaron información sobre el estudio. Su testimonio plantea cuánto espacio recibe en el debate peruano una preocupación nacida en escuelas amazónicas, a pesar de que el programa Qali Warma se distribuye en todo el país.
El interés de las comunidades por conocer sobre el efecto de pesticidas, tanto en la tierra como en los alimentos, cuenta Ramírez Hita, no ha encontrado el mismo eco entre las organizaciones a las que pidió apoyo para seguir comunicando sus hallazgos. Después de compartir información en varias comunidades, recibió invitaciones para visitar otras y explicar los efectos de los plaguicidas para la salud humana y el problema de la seguridad alimentaria en la zona. Según relata, tocó las puertas de diversas ONG y organizaciones ambientalistas, pero no consiguió el respaldo solicitado. Conoce el territorio, tiene disposición para volver y hay personas esperando escucharla; faltaban los recursos para hacerlo.
Para la investigadora, esa oportunidad merece atención: considera que todavía es posible trabajar con las comunidades para evitar que el uso de estos productos se afiance. «Hay un interés enorme en la zona», insiste. Su pedido es que ese interés encuentre apoyo para sostener encuentros donde las familias puedan preguntar, conocer la evidencia, las alternativas y decidir cómo cuidar su alimentación y su territorio.
La demanda de las comunidades también tiene que ver con el derecho a decidir cómo alimentarse. «Siempre han querido productos frescos», dice Ramírez Hita. Según explica, las familias habían cuestionado la entrega de alimentos ajenos a sus costumbres, y, sobre todo, que vayan enlatados, antes de conocer los resultados del laboratorio. La investigadora propone trabajar con las comunidades para ampliar el abastecimiento local, evaluar alternativas como la producción de pescado en piscigranjas y resolver las dificultades de conservación y transporte con garantías sanitarias.
«Si uno quiere cambiar, ve la manera, pero tiene que haber realmente un cambio desde arriba», sostiene. Incorporar alimentos del territorio requiere voluntad institucional y apoyo a quienes pueden producirlos. También exige escuchar a las comunidades que conocen sus recursos y que serán quienes reciban los alimentos.
El glifosato es un herbicida utilizado para controlar malezas. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer lo clasificó en 2015 como probablemente carcinógeno para los seres humanos. Esa clasificación identifica un peligro, pero no calcula el riesgo asociado a una concentración concreta en alimentos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria informó en 2023 que no identificó áreas críticas de preocupación en su evaluación, aunque señaló vacíos de información. Para conocer el riesgo en estos escolares, faltan datos sobre su exposición.
En Perú, el Tribunal Constitucional ordenó en julio de 2026 a SENASA suspender temporalmente la venta, distribución y uso de productos con cinco sustancias activas, incluido el glifosato, destinados a producir alimentos de origen vegetal para el consumo interno. Además, dispuso reforzar la vigilancia y hacer públicos los resultados del monitoreo. Es un antecedente sobre las obligaciones del Estado, independiente de este estudio.
Hoy, la alimentación escolar se organiza mediante el Programa de Alimentación Escolar, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). Las muestras de 2023 no describen automáticamente lo que se entrega ahora, pero dejan una tarea para el presente: comprobar qué controles se realizan y poner esa información al alcance de las familias y comunidades.
Docentes de comunidades awajún hicieron una pregunta y dos investigadores buscaron responderla con el trabajo y los medios que tenían. Si una colaboración ad honorem permitió detectar estos residuos, ¿qué podría conocerse con presupuesto, laboratorios y un seguimiento sostenido? La comida que llega a un niño con el propósito de cuidarlo merece que esa pregunta encuentre respuesta.
