La ciencia no puede ser un negocio. Si un herbicida mata más allá de las malas hierbas, ¿a quién protege la ley?
Mientras en América Latina la agricultura intensiva sigue rociando millones de hectáreas con glifosato, en Estados Unidos los tribunales no dejan de emitir fallos que responsabilizan a Bayer —la gigante farmacéutica que compró Monsanto en 2018— por haber ocultado los peligros de este herbicida ampliamente utilizado.
Hoy, lo que parecía un caso aislado es una avalancha jurídica: más de 60.000 demandas civiles han sido interpuestas por agricultores, jardineros y trabajadores agrícolas que desarrollaron enfermedades incurables —como linfomas y otros tipos de cáncer— tras años de exposición al RoundUp, el producto estrella que contiene glifosato.
Una estrategia que se repite: ciencia a medida y presión política
Las cortes estadounidenses han revelado una trama de décadas. Documentos internos de Monsanto, conocidos como los Monsanto Papers, muestran cómo la empresa financió investigaciones pseudocientíficas para refutar los estudios que señalaban el potencial cancerígeno del glifosato. Estas investigaciones, muchas veces firmadas por académicos con conflictos de interés, fueron utilizadas luego para convencer a reguladores de que el producto era “seguro”.
Lo más grave: no se trata de un error de interpretación, sino de una estrategia deliberada. En 2015, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, clasificó al glifosato como “probablemente cancerígeno para los humanos”. La reacción de Monsanto fue inmediata: desplegó una campaña global para desacreditar el informe, comprando espacios en medios, financiando contraestudios y presionando a autoridades sanitarias en varios países.
Sentencias millonarias, vidas irrecuperables
En 2024, un jurado en Filadelfia ordenó a Bayer pagar más de 2.000 millones de dólares a un agricultor que contrajo cáncer terminal tras usar RoundUp durante más de dos décadas. La sentencia, lejos de ser una excepción, se suma a múltiples fallos similares que establecen una clara relación entre el uso prolongado del herbicida y el desarrollo de enfermedades graves.
En paralelo, estados como Nueva York multaron a Bayer por hacer publicidad engañosa al promocionar su producto como “inofensivo” para personas y mascotas, sin pruebas científicas concluyentes que respalden esa afirmación.
Glifosato en América Latina: el laboratorio silencioso
A diferencia de Estados Unidos, donde el sistema judicial ha logrado cierto freno, en América Latina las denuncias siguen siendo minimizadas. En países como Argentina, Brasil, México y Perú, las políticas agrícolas siguen impulsando el uso masivo de glifosato, incluso en zonas cercanas a escuelas, centros poblados y reservas naturales.
En muchos casos, los gobiernos se apoyan en informes pagados por las mismas compañías que producen los agroquímicos. El resultado: comunidades rurales expuestas crónicamente, niños nacidos con malformaciones, aumentos sospechosos de cáncer en pueblos agrícolas… y un silencio institucional que protege más al mercado que a la salud pública.
Bayer y su manual global: negar, sembrar dudas, ganar tiempo
La historia de Bayer con el glifosato no es solo una disputa científica, sino una disputa política. Se acusa a la compañía de influenciar decisiones regulatorias en el extranjero, a través de lobbies en Bruselas, Washington, Brasilia y Buenos Aires. Esta presión constante ha retrasado —cuando no bloqueado— decisiones que limitarían o prohibirían su uso.
La lógica es simple: si logran sembrar dudas suficientes, si logran convencer a los reguladores de que “no hay consenso científico”, entonces el producto puede seguir en el mercado. Mientras tanto, las víctimas deben esperar años por justicia… si es que sobreviven para verla.
¿Qué está en juego?
El glifosato se encuentra hoy en el centro de una guerra por la soberanía alimentaria, la salud pública y la ética científica. Lo que comenzó como un producto agrícola se ha convertido en símbolo de una forma de hacer negocios donde las ganancias pesan más que las vidas humanas.
El mensaje de las demandas en EE.UU. es claro: los responsables deben rendir cuentas. Pero para que eso ocurra en América Latina, se necesita algo más que pruebas técnicas: se necesita una ciudadanía informada, periodistas comprometidos y autoridades que no trabajen para las multinacionales.