Mientras el mundo transita hacia una economía descarbonizada y digitalizada, los minerales críticos se han convertido en el nuevo petróleo. Cobre, litio, cobalto, níquel y tierras raras son hoy el núcleo de una disputa silenciosa pero feroz: la carrera por la supremacía tecnológica entre China y Estados Unidos. Y en ese escenario, América del Sur —rica en estos recursos— se vuelve un tablero estratégico de alto voltaje.
Pero hay un espejo que EE. UU. no puede ignorar: el modelo canadiense de expansión minera en la región. Un modelo que, pese a su retórica de derechos humanos y sostenibilidad, ha sido duramente cuestionado por comunidades indígenas, organizaciones sociales y expertos en derecho internacional. El caso de Canadá ofrece una lección clave: el acceso a recursos no puede imponerse sin legitimidad. Y, de no corregirse el rumbo, Washington podría repetir los mismos errores.
Canadá: el discurso de derechos humanos desmentido por sus minas
Según un artículo reciente publicado por The Conversation, Canadá se presenta ante el mundo como defensor de los derechos humanos, pero sus empresas mineras acumulan un historial preocupante. La mayoría de las operaciones mineras canadienses en el extranjero —muchas de ellas en América Latina— han estado involucradas en violaciones de derechos laborales, ambientales y colectivos. Se documentan casos de desplazamientos forzados, contaminación de fuentes de agua, criminalización de defensores ambientales y ausencia de consulta previa a pueblos indígenas.
Un informe presentado por MiningWatch Canada ante el Parlamento canadiense resume la contradicción: entre 2000 y 2020, al menos 27 casos en 10 países estuvieron vinculados a prácticas abusivas de empresas mineras canadienses. La impunidad reina: el sistema judicial canadiense carece de mecanismos reales para procesar estos abusos cuando ocurren fuera del país.
El caso ecuatoriano es emblemático. En marzo de 2024, más de 150 organizaciones sociales y ambientales enviaron una carta al embajador de Canadá en Quito denunciando los esfuerzos diplomáticos para facilitar la expansión de la minería canadiense, a pesar de los múltiples conflictos sociales que ya habían estallado en territorios indígenas de la Amazonía.
Un TLC que amenaza territorios: la advertencia del acuerdo Canadá–Ecuador
El tratado de libre comercio (TLC) firmado recientemente entre Canadá y Ecuador ha encendido aún más las alarmas. Según una publicación de The Conversation, este acuerdo, lejos de promover el comercio justo, protege agresivamente los intereses de las multinacionales. Los mecanismos de solución de controversias entre inversionistas y Estado (ISDS, por sus siglas en inglés) permiten que las empresas demanden a los gobiernos si sus ganancias se ven afectadas por decisiones soberanas, como declarar zonas protegidas o cancelar concesiones por conflicto social.
Esto representa una amenaza directa a los derechos territoriales de los pueblos indígenas amazónicos. Incluso después de que el pueblo ecuatoriano aprobara en referéndum reformas para evitar estos abusos, el acuerdo insiste en blindar los privilegios de las corporaciones. La voz de las comunidades, una vez más, queda fuera de la mesa.
¿Qué tiene que ver todo esto con Estados Unidos?
Mucho. En este contexto, Estados Unidos busca reposicionarse como un actor clave en el suministro de minerales estratégicos para su industria tecnológica, energética y militar. Bajo el paraguas de iniciativas como la Alianza para la Seguridad de los Minerales (MSP), Washington intenta reforzar relaciones con países como Chile, Perú, Argentina y Brasil, que concentran parte fundamental de estos recursos.
Pero si quiere tener éxito, no puede repetir el guion canadiense. A diferencia de China —que invierte sin preocuparse por estándares sociales o ambientales—, EE. UU. tiene una oportunidad de ofrecer algo distinto: una alianza ética, transparente y verdaderamente beneficiosa para los países del sur.
Eso implica ir más allá del discurso y establecer mecanismos reales de consulta previa, respeto por los derechos de los pueblos originarios, monitoreo ambiental participativo y distribución justa de los beneficios. Invertir no solo en extracción, sino también en industrialización local, transferencia tecnológica y fortalecimiento institucional.
La oportunidad y el riesgo
Hoy, Ecuador, Perú y Bolivia son parte de una región estratégica que no solo ofrece recursos, sino también una memoria histórica de saqueo y conflicto. Enfrentados a una nueva ola extractiva, los pueblos ya no son actores pasivos. Resisten, organizan referendos, promueven litigios internacionales y exigen otro tipo de desarrollo.
Estados Unidos, si aspira a ser algo más que una potencia en declive frente al ascenso chino, debe aprender la lección que deja Canadá: no basta con firmar acuerdos; hay que ganarse la legitimidad social. De lo contrario, su entrada en la región será tan frágil como la del vecino del norte.
Porque en la nueva era de los minerales críticos, la verdadera competencia no es solo tecnológica. Es también ética y política.