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Mientras decenas de países piden una pausa para estudiar los riesgos, Estados Unidos impulsa licencias unilaterales para extraer minerales del fondo marino. La ciencia advierte daños irreversibles y beneficios concentrados en pocas empresas.
El fondo del océano, ese territorio oscuro y remoto que parece ajeno a la vida cotidiana, se ha convertido en el nuevo escenario de una disputa global. Estados Unidos avanza para autorizar la minería en aguas profundas, una actividad que promete minerales clave para la industria tecnológica, pero que también podría provocar uno de los mayores daños ambientales de los que se tenga registro.
La tesis es clara: Washington prioriza intereses corporativos occidentales, ignora los acuerdos internacionales y pasa por alto las advertencias científicas y la posición de buena parte de la comunidad internacional, en especial del Sur Global.
Un botín bajo el mar
En el fondo del océano existen nódulos ricos en cobalto, níquel y manganeso, minerales utilizados en baterías, autos eléctricos y tecnologías “verdes”. Extraerlos suena tentador. El problema es el cómo y el a costa de qué.
Las zonas donde se planea extraer estos minerales no pertenecen a ningún país. Son consideradas patrimonio común de la humanidad y, en teoría, están reguladas por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), un organismo creado por la ONU para evitar que el océano se convierta en tierra de nadie.
Estados Unidos, sin embargo, no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, lo que le permite intentar avanzar por fuera del consenso internacional y otorgar licencias de forma unilateral a empresas privadas.
En otras palabras: decidir solo sobre un espacio que es de todos.
Lo que dice la ciencia (y lo que se ignora)
La minería en aguas profundas no es una excavación limpia. Para extraer los minerales se remueve el lecho marino, generando penachos sedimentarios: enormes nubes de partículas que se dispersan con las corrientes oceánicas.
Estas nubes pueden:
- Asfixiar organismos marinos.
- Alterar cadenas alimenticias.
- Destruir ecosistemas completos en radios de cientos de kilómetros.
Los científicos coinciden en algo inquietante: no se sabe cómo reparar ese daño. Los ecosistemas del fondo marino tardan miles de años en formarse y podrían no recuperarse jamás.
Organizaciones ambientales internacionales advierten que los costos ambientales y de restauración superarían con creces los beneficios económicos, que además serían de corto plazo y quedarían concentrados en pocas empresas.
37 países piden freno, EE. UU. Acelera
Frente a esta incertidumbre, al menos 37 países —entre ellos Francia, Alemania y Chile— proponen una moratoria: una pausa para investigar mejor antes de permitir la minería en aguas profundas.
Estados Unidos ha optado por otro camino: seguir adelante, minimizando los riesgos y apostando por una narrativa de “extracción segura” que hoy no tiene sustento técnico comprobado.
La empresa estrella… sin pruebas
La principal compañía promovida para esta tarea es The Metals Company (TMC), impulsada políticamente como símbolo del nuevo auge minero submarino.
Pero hay un problema incómodo:
No tiene tecnología probada a escala comercial.
No cuenta con experiencia operativa real en minería profunda.
No ha presentado estudios concluyentes sobre impacto ambiental.
Hablar de minería “segura” en estas condiciones es, como mínimo, una promesa sin evidencia.
El socio que sí sabe operar
Detrás de TMC aparece Allseas Group SA, una poderosa empresa suiza especializada en infraestructura submarina: tendido de tuberías, plataformas petroleras y grandes obras offshore.
Su presencia revela la verdadera escala del proyecto: no es un experimento ecológico, sino una operación industrial pesada, similar a las que durante décadas han sostenido la industria petrolera en alta mar.
¿Y el Perú?
Perú, país megadiverso y con intereses directos en la salud de los océanos, no puede mirar al costado. La minería en aguas profundas no es solo un tema técnico: es una decisión política que definirá quién gana, quién pierde y quién paga los costos ambientales.
Apoyar una moratoria precautoria no es ir contra el desarrollo, sino exigir reglas claras, evidencia científica y respeto por los bienes comunes globales.
El fondo del debate
La pregunta no es si el mundo necesita minerales.
La pregunta es si vale la pena destruir ecosistemas irreemplazables para beneficio de unos pocos, bajo reglas impuestas por quienes tienen más poder económico.
Cuando el daño sea irreversible, ya no habrá tecnología que lo repare ni discurso que lo justifique.