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SpaceX, Blue Origin y otras empresas tecnológicas proponen trasladar al espacio parte de la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial. La promesa es aliviar la presión energética en la Tierra. La pregunta pendiente es quién evaluará los costos ambientales, científicos y democráticos de convertir la órbita baja en una nueva zona de expansión corporativa.
La próxima gran infraestructura de la inteligencia artificial podría no estar en un desierto, en una zona industrial ni junto a una central eléctrica. Podría estar sobre nuestras cabezas.
En los últimos meses, empresas vinculadas a algunos de los mayores multimillonarios tecnológicos del mundo han comenzado a proponer una idea que hasta hace poco sonaba a ciencia ficción: instalar centros de datos en la órbita terrestre baja. Es decir, enviar al espacio satélites capaces de procesar enormes cargas de información para inteligencia artificial, aprovechando la energía solar casi continua y evitando las limitaciones de tierra, agua, suelo y electricidad que hoy enfrentan los datacenters tradicionales.
La investigación publicada por Follow the Money bajo el título “Musk and Bezos want to transform space. But at what cost?” puso el tema sobre la mesa: Elon Musk, a través de SpaceX, y Jeff Bezos, mediante Blue Origin, no solo compiten por lanzar cohetes o vender internet satelital. Ahora apuntan a transformar la órbita baja en infraestructura de cómputo para la nueva economía de la inteligencia artificial.
El problema es que el espacio cercano a la Tierra ya no está vacío. Según la Oficina de Basura Espacial de la Agencia Espacial Europea, al 31 de julio de 2026 había alrededor de 15.900 satélites funcionando, 47.080 objetos espaciales rastreados y más de 17.000 toneladas de masa orbitando el planeta. A eso se suman objetos no rastreables: la ESA estima 1,5 millones de fragmentos de entre 1 y 10 centímetros y 230 millones de entre 1 milímetro y 1 centímetro. En el espacio, incluso partículas pequeñas pueden moverse a velocidades capaces de destruir o dañar equipos críticos.
En ese escenario ya congestionado, SpaceX solicitó a la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorización para desplegar hasta un millón de satélites destinados a centros de datos orbitales. Blue Origin, por su parte, presentó Project Sunrise, una propuesta de hasta 51.600 satélites en órbitas heliosincrónicas, entre 500 y 1.800 kilómetros de altitud, con el objetivo de procesar datos en el espacio y transmitir resultados hacia la Tierra.
La promesa empresarial es seductora: si la inteligencia artificial demanda cada vez más electricidad, ¿por qué no llevar los servidores al espacio, donde la luz solar es constante y no hay conflictos por el uso del suelo? Pero esa narrativa deja fuera preguntas esenciales. ¿Qué ocurre con los materiales de esos satélites cuando terminan su vida útil? ¿Qué sustancias liberan al reingresar y quemarse en la atmósfera? ¿Cómo afectarán al cielo nocturno, a la astronomía, a los ecosistemas que dependen de la oscuridad y a una atmósfera superior que aún conocemos poco?
Organizaciones ambientales y científicas ya han encendido las alertas. En julio de 2026, una coalición representada por Earthjustice y respaldada por grupos como Public Employees for Environmental Responsibility y DarkSky International pidió a la FCC detener la aprobación de estos proyectos hasta realizar una evaluación ambiental programática. La preocupación central es que estas constelaciones no serían evaluadas como sistemas acumulativos, sino como solicitudes técnicas dentro de un marco regulatorio nacional que no fue diseñado para decidir el futuro ambiental de la órbita terrestre.
Los riesgos no se limitan a la basura espacial. Cada lanzamiento produce emisiones. Cada satélite contiene metales, combustibles, componentes electrónicos y materiales cuya combustión en la atmósfera superior puede liberar óxidos de aluminio, metales raros, hollín negro y otros contaminantes. The Guardian reportó que científicos vinculados a mediciones estratosféricas de la NOAA hallaron metales provenientes de naves espaciales en aerosoles de ácido sulfúrico de la estratósfera. Lo más inquietante no es solo lo que se sabe, sino lo que aún no se sabe: cómo interactuarán esos materiales con procesos atmosféricos sensibles, incluido el equilibrio de la capa de ozono y la dinámica climática.
También está el impacto sobre la astronomía. Los satélites ya dejan estelas en imágenes de telescopios terrestres. Una constelación de cientos de miles o millones de objetos podría afectar observatorios como el Vera Rubin, diseñado para mapear el cielo con una sensibilidad sin precedentes. Lo que para una empresa puede ser “infraestructura”, para la ciencia puede convertirse en ruido permanente sobre el cielo.
El debate de fondo no es tecnológico, sino político y ético. El Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 establece que los Estados son responsables de las actividades nacionales en el espacio, incluso cuando las realizan entidades privadas, y que dichas actividades deben ser autorizadas y supervisadas. Pero ese marco nació en plena Guerra Fría, cuando el problema era evitar la apropiación nacional del espacio y la colocación de armas de destrucción masiva. No fue pensado para regular megaconstelaciones privadas, datacenters orbitales, reentradas masivas ni contaminación atmosférica asociada a la economía digital.
Por eso, decir que “no hay ley” sería impreciso. Lo que existe es una brecha: la velocidad de la innovación empresarial supera la capacidad de los Estados y de la comunidad internacional para evaluar impactos, imponer límites y garantizar transparencia. Las empresas pueden tramitar permisos ante una agencia nacional, pero las consecuencias potenciales de sus operaciones no se quedan dentro de una frontera nacional. La órbita baja, la atmósfera y el cielo nocturno son bienes compartidos.
Para países como Perú y para buena parte del Sur Global, esta discusión no es lejana. Aunque las decisiones se tomen en oficinas regulatorias de Estados Unidos, sus efectos pueden alcanzar a todo el planeta. La pregunta es si los países que no controlan esas corporaciones, ni poseen grandes agencias espaciales, tendrán voz en la definición de una infraestructura que podría alterar un entorno común.
No se trata de negar el valor de los satélites. La observación terrestre ayuda a monitorear incendios, deforestación, clima, desastres y cultivos. Las comunicaciones satelitales pueden conectar zonas aisladas. La ciencia espacial ha ampliado el conocimiento humano. El problema aparece cuando una utilidad real se convierte en argumento para una expansión sin evaluación suficiente, sin límites claros y sin participación pública.
La inteligencia artificial ya plantea enormes desafíos en la Tierra: consumo energético, uso de agua, concentración corporativa, extracción de minerales, opacidad algorítmica y dependencia tecnológica. Llevar parte de esa infraestructura al espacio no elimina esas preguntas. Puede, más bien, trasladarlas a una zona donde la fiscalización es más difícil y donde los daños podrían ser acumulativos, globales y de largo plazo.
Antes de llenar la órbita con centros de datos, la humanidad necesita una discusión seria sobre gobernanza espacial, evaluación ambiental, responsabilidad corporativa y derecho de las futuras generaciones a mirar un cielo no saturado por intereses privados.
El espacio no debería convertirse en el nuevo territorio de sacrificio de la economía digital. Si la inteligencia artificial promete transformar el futuro, ese futuro no puede construirse quemando, contaminando o privatizando silenciosamente el cielo común.
Fuentes principales consultadas: Agencia Espacial Europea – Space Debris Office; Space.com; The Guardian; Tom’s Hardware; Follow the Money.